Francisco Javier Hierro Hierro
El 28 de septiembre de 2016 tuvo lugar la sesión de
constitución de la Comisión permanente de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo. Tras la preceptiva elección de la composición de
la Mesa de la Comisión, por asentimiento, se produjo la intervención de la señora
Presidenta (Villalobos Talero).
Aquel fue el turno de las buenas intenciones y las llamadas
al consenso, al diálogo y al acuerdo. El deseo de la Presidenta fue manifiesto,
que las tareas que se llevasen a cabo en el seno de la Comisión fueran
desarrolladas de manera dialogada, con la participación de todos los grupos
parlamentarios, con expertos, con técnicos, con especialistas…, además de los
integrantes del Gobierno, sin que estos fueran el núcleo esencial.
La voluntad lanzada por la señora Presidenta pronto fue
recogida por los portavoces de los principales grupos parlamentarios, quienes
en sus intervenciones aludieron al espíritu de conciliación que ha de estar
presente en los trabajos de la Comisión con el que ofrecer una legislatura
productiva y de progreso para España.
Luego llegó el turno de las comparecencias, con
intervenciones no siempre acordes con lo expresado inicialmente, con el fácil
recurso al “y tú más” sobre las reformas de pensiones habidas en los años 2011
y 2013.
Se pretende aquí recoger someramente cuáles han sido las
principales propuestas lanzadas por algunos de los representantes de las
distintas instituciones y organizaciones que ha pasado por la Comisión.
Por los
representantes de los trabajadores, las propuestas desde CCOO fueron las
siguientes: adopción de medidas para equilibrar la situación financiera,
mejorando ingresos por cotizaciones (incremento coyuntural de 2 puntos en las
cotizaciones sociales, destopar las bases máximas de cotización, incremento de
la base mínima de cotización como consecuencia del aumento paulatino del salario
mínimo interprofesional, equiparación de las bases medias de cotización del
régimen de autónomos y el régimen general, cotización por ingresos reales para
los trabajadores autónomos) e incorporando ingresos adicionales desde los
Presupuestos Generales del Estado (asunción por parte del Estado de los gastos
de administración de la Seguridad Social, conversión de tarifas planas y
reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo,
financiación con impuestos de las prestaciones por supervivencia y de las
bonificaciones del sistema especial agrario) y recuperación del marco de
actuación del Pacto de Toledo con la adopción consensuada de nuevas
recomendaciones. Ello acompañado de la creación de empleo (en cantidad y
calidad, con salarios superiores que mejoren los ingresos por cotizaciones); de
la lucha contra la economía sumergida, lo que supondría allegar nuevos recursos
a las arcas de la Seguridad Social; de la acción de las mutuas en materia
rehabilitadora; de desarrollar los planes de previsión social complementaria;
de perfeccionar el sistema de jubilación flexible; los subsidios para personas
mayores desempleadas de larga duración; la subida del salario mínimo
interprofesional y destinar una mayor financiación para actividades de
formación y cualificación para personas desempleadas restando de las
bonificaciones a la contratación, salvo colectivos específicos y muy
singularizados como personas discapacitadas o víctimas de violencia de género.
Y por UGT, las propuestas para solucionar los problemas a los se enfrenta el
sistema público de pensiones parten de la máxima de que las soluciones no han
de venir en ningún caso de recortar el gasto, sino que se ha de tratar el
problema de fondo que son los ingresos de la Seguridad social. En este sentido
referencia de manera rápida y sin grandes concreciones como medidas a corto
plazo: techo de gasto, destopar cotizaciones y pensión máxima, acabar con la
subvención a la contratación a cargo de la Seguridad Social, abordar los costes
de la estructura de la Seguridad Social, derogación de la reforma laboral,
financiación a través de impuestos, creación de un impuesto ante el nuevo
sistema de relaciones laborales donde no se requieren recursos humanos ante su
suplantación por herramientas tecnológicas, impuestos a las grandes fortunas y restablecer
el contrato de relevo a los sesenta años. Se opone con rotundidad a que la
viudedad y la orfandad puedan salir del sistema público de pensiones.
Por los
representantes de empresarios, las medidas fijadas por CEPYME fueron: profundizar
en la reforma del año 2011, procediendo a la revisión (acortando los tiempos)
del período transitorio de implantación de todos los cambios paramétricos;
ahondar en el esfuerzo contributivo de los distintos regímenes para alcanzar
una verdadera proporcionalidad; revisar las prestaciones en el ámbito
contributivo de la Seguridad Social, ya que existen prestaciones incluidas en
el ámbito contributivo, financiadas mediante cotizaciones, que deben situarse
en la esfera no contributiva y su financiación corresponder al Estado por la
vía impositiva; separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social; la
mejora de la colaboración con las mutuas, alcanzando unos procedimientos más
eficientes que permitan incrementar los mecanismos de control y seguimiento de
las prestaciones, luchar contra el absentismo laboral e impulso a la previsión
social complementaria, individual y de empresa. Y por la CEOE, el
establecimiento de políticas
públicas que protejan a la familia, de fomento de la natalidad; articulación de
las medidas necesarias para que el sector privado pueda crear empleo y aumentar
las cotizaciones y el replanteamiento de muchas aspectos de la Seguridad Social
(lucha contra la economía sumergida, separación de fuentes de financiación,
financiación de prestaciones vía impuestos, autosuficiencia de los regímenes de
la Seguridad Social, control de la incapacidad temporal y el absentismo
laboral, disfunciones en materia de incapacidad permanente, modificación de las
pensiones de viudedad y orfandad, colaboración público-privada en el
complemento …); descartando la puesta en marcha de acciones que
supusieran un riesgo para la creación de empleo, como pudieran ser los
incrementos de cotización vía aumento de las bases máximas (despotando
cotizaciones) o mínima o incremento de impuestos.
Una
batería amplia de propuestas, nos siempre alineadas, pero con un objetivo
claro, garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones.
Tocará
el turno de los representantes de la ciudadanía para concretar de entre ellas
cuáles son las que han de implementarse en el corto, medio y largo plazo.
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